La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) ha advertido al Gobierno federal que podría quedarse sin fondos para pagar sus gastos básicos. La agencia tiene R$30,76 millones en facturas impagadas relacionadas con su centro de datos de Brasilia, que presta servicios digitales a la ciudadanía y a las empresas de telecomunicaciones, además de alojar sistemas utilizados para las inspecciones regulatorias.
La semana pasada, el presidente de Anatel, Carlos Baigorri, pidió al Ministerio de Planificación que liberara R$30 millones. La Secretaría del Tesoro Nacional, que forma parte del Ministerio de Hacienda, no aprobó solicitudes anteriores para adelantar fondos. Baigorri dijo que las proyecciones indican que existe el riesgo de que la agencia no tenga capacidad financiera suficiente para cumplir todos sus compromisos, en particular durante el último trimestre de 2026.
Las facturas pendientes del centro de datos se clasifican como «restos a pagar», una categoría que incluye gastos de un año anterior que todavía no se han abonado. En diciembre de 2025, Anatel firmó un contrato de R$44,95 millones con proveedores de tecnología. El contrato cubre equipos, software de gestión, conectividad, implementación, migración, asistencia, mantenimiento y garantías, y estará vigente hasta diciembre de 2030.
Anatel atribuye la presión sobre sus finanzas a una restricción de fondos gubernamentales de R$51,83 millones impuesta en mayo. La medida redujo su presupuesto discrecional para gastos operativos e inversiones de R$275,37 millones a R$223,54 millones, un recorte del 19%. La agencia afirma que ha revisado contratos, proyectos y gastos para adaptarse, a la vez que intenta evitar sanciones, intereses y otros cargos contractuales.
La agencia ha informado de dificultades financieras desde agosto, cuando solicitó un adelanto de R$23,3 millones que originalmente esperaba recibir en diciembre. Anatel dijo a Folha que las medidas adoptadas hasta ahora han buscado limitar el impacto de la restricción presupuestaria, pero que las limitaciones financieras persistentes podrían exigir nuevos ajustes en los gastos.
El Ministerio de Hacienda afirmó que las restricciones a los presupuestos del Poder Ejecutivo se derivan de los esfuerzos del Gobierno por controlar el gasto, tal como se establece en las revisiones de ingresos y gastos y en los decretos de programación presupuestaria. Añadió que las medidas se reevalúan cada dos meses y que la próxima revisión está prevista para el 24 de noviembre. La Secretaría del Tesoro Nacional tiene en cuenta el efecto de los adelantos en la capacidad de cada agencia para cumplir sus pagos mensuales futuros, agregó el ministerio.
Alrededor de 40 organizaciones empresariales presentaron el martes (27) un manifiesto en el que piden autonomía financiera para las agencias reguladoras, lo que impediría que sus fondos fueran objeto de este tipo de recortes. El documento, titulado «Regular no es gastar, es invertir», insta a los legisladores a garantizar que las agencias cuenten con fondos suficientes en el presupuesto de 2027 para operar sin recortes.
Fuentes: Folha Mercado.