Un escándalo financiero que sacude Turquía desde mediados de septiembre se está extendiendo al establishment político del país. Los investigadores están examinando una red de empresas de inversión sospechosas de participar en un presunto esquema de tipo Ponzi que involucra más de 16.000 millones de euros.
La última novedad se produjo el 27 de octubre, cuando medios turcos informaron de que los fiscales de Estambul habían congelado los activos y las cuentas bancarias de Fatih Erdogan. Presidía el consejo de administración de Pasifik Holding, una de las decenas de empresas que, según los investigadores, estarían vinculadas al presunto fraude. Erdogan está casado con Asuman Erdogan, diputada del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), en el poder desde 2002.
La revelación se produjo después de la dimisión, a finales de septiembre, de Fatma Betül Sayan Kaya, vicepresidenta del AKP y exministra de Familia. Ella y su marido están acusados de haber obtenido 1.300 millones de liras, equivalentes a 23 millones de euros, al vender sus posiciones en fondos de inversión poco antes del desplome bursátil del 16 de septiembre. La acusación se refiere a un presunto uso de información privilegiada.
Otras figuras vinculadas al Gobierno también han sido objeto de escrutinio, incluidos dos ministros en ejercicio que han negado haber invertido en los fondos supuestamente fraudulentos. El portavoz del AKP, Ömer Çelik, también ha sido señalado por varios medios de comunicación en relación con el escándalo.
Las informaciones también han desencadenado acciones legales contra periodistas. Dos fueron detenidos el 9 de octubre, mientras que otros dos quedaron bajo supervisión judicial por sus publicaciones sobre la investigación.
El colapso ha dejado a alrededor de medio millón de ahorradores a la espera de recuperar sus inversiones, mientras la investigación continúa revelando conexiones financieras y políticas dentro del aparato gobernante del país.
Fuentes: Le Monde Économie.