El proyecto de ley presupuestaria de Italia propone nuevas normas para calcular los aumentos salariales de los magistrados, los abogados del Estado y los fiscales del Estado, tras varias sentencias judiciales que rechazaron los métodos anteriores. Los cambios se establecen en el artículo 67 y están destinados a aplicarse a partir de 2027.

Con el primer ajuste, los aumentos calculados utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística se basarían en un promedio ponderado que reflejaría el número de empleados de cada categoría. Esto sustituiría al sistema en el que todas las categorías tenían el mismo peso.

La disposición también excluiría los atrasos del cálculo. Se trata de pagos vinculados a renovaciones contractuales retrasadas, y su exclusión pretende evitar que los mismos aumentos se contabilicen dos veces.

El informe técnico señala que las modificaciones tienen como objetivo evitar estimaciones engañosas del aumento medio real por habitante y mantener el crecimiento salarial dentro de los límites del gasto público. Las nuevas normas entrarían en vigor cuando la ley se publique en el Boletín Oficial y no modificarían los pagos anteriores.

No obstante, la ley presupuestaria asigna casi 1.000 millones de euros para cubrir ajustes salariales anteriores tras las sentencias del Tribunal Administrativo Regional y del Consejo de Estado que anularon los criterios de cálculo previos.

Se espera que las normas se apliquen mediante decretos. La primera ministra Giorgia Meloni ha anunciado que no tiene intención de firmarlos, dejando el asunto en manos del Consejo de Estado.

Giuseppe Tango, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, declaró que la organización evaluaría el fondo de la disposición después de examinarla detalladamente. Añadió que los legisladores tienen autoridad para regular la cuestión, pero deben proteger la remuneración de los magistrados como condición para la independencia judicial. Tango también afirmó que cualquier intervención sobre los salarios de los magistrados debe formar parte de medidas de aplicación general, citando principios reafirmados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional de Italia.

Fuentes: ANSA Economia.