El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha enviado más de 20 cartas a personas vinculadas con una investigación relacionada con las elecciones al Senado de Alaska, informó CNBC, citando a una persona familiarizada con el asunto. Algunas cartas identifican a sus destinatarios como posibles objetivos de una investigación penal, mientras que otras les indican que conserven documentos.

The New York Times informó que el abogado especializado en derecho electoral Marc Elias y al menos un funcionario del Comité de Campaña Senatorial Demócrata recibieron cartas de notificación a posibles objetivos. Elias ha representado a la candidata demócrata Mary Peltola. La investigación se refiere a cómo apareció en la papeleta un candidato con el mismo nombre que el senador republicano en ejercicio Dan Sullivan y, según se informa, examina posibles cargos de fraude a donantes y conspiración.

Recibir una carta de notificación a un posible objetivo no significa que la persona haya sido acusada, ni indica necesariamente que se presentarán cargos. Elias dijo en un comunicado que no le sorprendía que el Departamento de Justicia del Gobierno de Trump lo tuviera a él y a su bufete como objetivos.

Las cartas llegan después de que un juez federal decidiera el domingo desestimar una demanda del Departamento de Justicia que pretendía retrasar la certificación de las elecciones al Senado de Alaska si Sullivan perdía por un margen que pudiera haberse visto afectado por la confusión de los votantes. El departamento está apelando esa decisión.

La investigación de la que se ha informado se produce en medio de disputas más amplias sobre el papel del Gobierno federal en los procedimientos electorales. El martes, el Departamento de Justicia dijo que desplegaría alrededor de 1.000 supervisores y observadores electorales en todo el país, con gran parte de su atención centrada en zonas urbanas que votan por los demócratas. El departamento ha defendido sus acciones relacionadas con las elecciones y ha dicho que hace cumplir las leyes federales que prohíben votar a personas que no reúnen los requisitos.

John Cusick, asesor adjunto del Fondo de Defensa Legal, dijo que las acciones del Gobierno corren el riesgo de intimidar a los votantes y a los funcionarios electorales, generar confusión sobre las reglas de votación y sentar las bases para impugnar el recuento y la certificación de las papeletas. «No cabe duda de que las amenazas son amenazas contra nuestra democracia», dijo.

Fuentes: CNBC Markets.