La Comisión de Asuntos Económicos del Senado de Brasil tiene previsto votar el miércoles una propuesta que permitiría a alcaldes y gobernadores renegociar deudas durante los últimos cuatro meses de sus mandatos. Las normas actuales del Senado, por lo general, impiden que los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal contraigan créditos en los 120 días anteriores a que un gobernante deje el cargo, con excepciones limitadas que incluyen la refinanciación de deuda en bonos.
El proyecto de ley, presentado por el senador Renan Filho, ampliaría esas excepciones para incluir operaciones de reestructuración y recomposición de deuda. Un informe del senador Eduardo Braga exigiría a los gobiernos publicar información detallada en un sitio web oficial, incluidos los cálculos del valor de la deuda actual, comparaciones con la operación propuesta, calendarios anuales de pagos para ambos acuerdos y cambios importantes en las condiciones financieras.
Renan Filho ha sostenido que la medida ofrecería a los gobernadores entrantes o reelegidos opciones más favorables para reestructurar la deuda estatal. Dijo que los nuevos préstamos seguirían sujetos a las normas del Tesoro y a salvaguardias destinadas a garantizar la prudencia fiscal durante las elecciones.
El senador Omar Aziz, elegido gobernador de Amazonas, solicitó que la propuesta se incluyera en el orden del día de la comisión. Braga dijo que Aziz había pedido cautela debido a los plazos establecidos por la Secretaría del Tesoro Nacional. Una administración temporal encabezada por Roberto Cidade había recibido previamente autorización para pedir prestados 1.400 millones de reales, pero el proceso no se completó.
Los senadores que respaldan el cambio también señalan el tiempo que requieren las negociaciones con el Tesoro, que pueden durar meses o más. La senadora Leany Lemos dijo que un proceso rápido podría llevar entre un año y un año y medio, y que las negociaciones se detienen una vez que comienzan las restricciones del período electoral. Añadió que la prohibición vigente busca impedir que las administraciones salientes dejen cargas financieras a sus sucesoras.
La comisión debía votar el martes, pero el asunto se aplazó tras una solicitud colectiva de más tiempo para examinarlo, encabezada por las senadoras Eudócia Caldas e Izalci Lucas. El proyecto no se está tramitando mediante un procedimiento que haría definitiva la decisión de la comisión, por lo que aún tendría que pasar al pleno del Senado. Al tratarse de una resolución del Senado, no requeriría la aprobación presidencial.
Fuentes: Folha Mercado.