José Luis Ortiz, que representa a 563 inversores que afirman haber perdido en conjunto 25 millones de euros a través de Herrero Brigantina, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que envíe a prisión provisional al fundador de la compañía, el economista Juan González Herrero, y le imponga una fianza de 2 millones de euros. Ortiz también ha solicitado prisión provisional con fianza para la pareja de González Herrero, Kelly Johana Galeano.
La solicitud se presenta después de que El País informara de que González Herrero seguía buscando clientes y prometía triplicar sus rendimientos en 15 días. El reportaje también describía una conversación en la que él sugería que tenía fondos en el extranjero y afirmaba que, si los investigadores encontraban sus activos fuera de España, podría peligrar un posible acuerdo con la Fiscalía. Ortiz incluyó la información del periódico en su escrito al juez.
El abogado sostiene que González Herrero dispone de importantes medios económicos y podría huir a un país que no tenga un acuerdo de extradición con España. En su escrito también señala a Leyec 2024 SLP, un bufete en el que González Herrero figura como administrador único y que constituyó junto con dos abogados tres meses después de que comenzara la investigación de la Audiencia Nacional.
En julio de 2024, Pedraz imputó a González Herrero y a otros diez directivos de Herrero Brigantina en relación con un presunto esquema piramidal de 200 millones de euros. La compañía promocionaba productos de inversión, incluidos seguros de vida vinculados a fondos de inversión, y afirmaba tener 35.000 clientes en Europa. Según el reportaje, comercializó productos usando sin permiso los nombres y logotipos de las aseguradoras Axa, Plus Ultra y Generali, y recaudó más de 40 millones de euros en 2021 y 2022.
Anteriormente, el juez retiró el pasaporte de González Herrero y congeló sus cuentas. Fue detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en diciembre de 2023, tras regresar de Colombia, país de origen de su pareja. Los investigadores afirmaron que había planeado deshacerse de sus activos después de enterarse de que estaba bajo investigación judicial.
Fuentes: El País Economía.