El sistema español de pensiones privadas se enfrenta a un bloqueo financiero: las empresas se resisten a asumir un coste laboral adicional, los sindicatos sostienen que las aportaciones deberían sumarse a los salarios actuales y ser sufragadas principalmente por las compañías, y el Gobierno ha mantenido unos incentivos fiscales limitados. Mientras tanto, los planes individuales se han contraído desde la reforma de 2021 y los planes de empleo aún no han logrado una adopción generalizada.

La industria de las pensiones lleva más de tres décadas en funcionamiento y más de diez millones de personas han participado en planes privados. Pero la fuente señala que algunas personas tienen varias cuentas y afirma que el ahorro acumulado del sistema sigue siendo modesto. En julio, los activos totales ascendían a 144.200 millones de euros: 101.800 millones en planes individuales y 42.400 millones en planes de empleo.

A partir de esas cifras y suponiendo que cada participante tenga una cuenta, la fuente calcula un ahorro acumulado medio de 13.733 euros. Repartido a lo largo de 20 años, equivaldría a unos 57,20 euros al mes como complemento a la pensión pública. El cálculo es ilustrativo, no una estimación de lo que recibiría cada participante.

El artículo sostiene que las reiteradas garantías de sucesivos Gobiernos sobre la seguridad de las pensiones públicas han servido de poco para fomentar un ahorro adicional. También afirma que los Gobiernos han hecho esfuerzos limitados para promover las aportaciones a planes de pensiones privados, pese a que los planes de capitalización podrían aliviar la presión sobre el sistema público.

Con los límites a las aportaciones a los planes individuales restringiendo esa vía, la atención se ha desplazado a los fondos de empleo, el principal ámbito que dejó abierto la reforma de 2021. Hasta ahora, su adopción ha sido limitada: solo un pequeño número de grandes convenios colectivos los ha incorporado, aunque estos planes permiten realizar aportaciones más elevadas con deducciones fiscales.

Las empresas sostienen que las aportaciones a los planes de empleo aumentarían unos costes laborales que ya están bajo presión y, por lo general, prefieren financiarlas desviando una parte de la remuneración existente. Los sindicatos rechazan esa fórmula porque, a su juicio, reduciría los salarios, y afirman que las compañías deberían asumir la mayor parte del coste. El Gobierno, por su parte, no ha modificado el tratamiento fiscal: según el artículo, las aportaciones se deducen cuando se realizan, pero los rescates tributan como rendimientos del trabajo, incluidos los rendimientos de las inversiones.

El artículo también plantea la posibilidad de hacer obligatoria la participación en los planes de pensiones de empleo, con la opción de darse de baja más adelante, como se ha probado en el Reino Unido. Señala que la Constitución española considera voluntaria la participación en estos mecanismos de ahorro, lo que plantea una cuestión jurídica para cualquier modelo de ese tipo. También identifica como obstáculos a una adopción más amplia el pequeño tamaño de las empresas, la escasa presencia sindical, la debilidad de la negociación colectiva y la prevalencia del empleo temporal y a tiempo parcial.

El artículo pide un mayor apoyo fiscal a los planes de empleo, pues sostiene que podría fomentar el ahorro y reducir la presión sobre la Seguridad Social. También señala que los trabajadores con ingresos más bajos tienen especiales dificultades para acumular ahorros, y propone moderar las subidas del salario mínimo y de las categorías salariales relacionadas para dejar margen a las aportaciones a fondos que podrían ser obligatorios.

Fuentes: El País Economía.