Las salidas a bolsa que preparan SpaceX y Anthropic pondrán grandes bloques de acciones en manos del público, pero vendrán acompañadas de reglas de gobierno corporativo que otorgan a los fundadores una voz decisiva sobre las empresas. Ambos grupos han optado por estructuras de capital con múltiples clases que dejan de lado el principio de una acción, un voto, un modelo que está atrayendo el escrutinio de los grandes inversores institucionales porque limita drásticamente la capacidad de los accionistas de participar en las decisiones corporativas.
SpaceX eligió una estructura de doble clase para su salida a bolsa con el fin de proteger la posición de Elon Musk, concediendo diez votos a cada acción de clase B por cada voto atribuido a las acciones de clase A. Anthropic ha llevado el enfoque más lejos. El laboratorio de IA tendrá cinco clases diferentes de acciones, de las cuales solo la clase A cotizará. Entre ellas destaca la clase F: una única acción que llevará aparejado el 50,1% de los derechos de voto en todos los asuntos sometidos a la junta de accionistas, incluido el nombramiento de la mayoría de los miembros del consejo. Esa superacción estará en manos de los fundadores de la empresa. El folleto argumenta que los siete cofundadores —Dario Amodei, Daniela Amodei, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish y Christopher Olah— tienen, como grupo, cualificaciones singulares para salvaguardar su misión.
En un documento de 355 páginas aún salpicado de espacios en blanco que se completarán a medida que se calibre la demanda de los inversores, Anthropic describe una novedosa estructura de capital y de gobierno corporativo. La empresa se ha constituido como sociedad de beneficio público, una fórmula que, según afirma, es coherente con su compromiso con el desarrollo seguro y responsable de la IA y que la obliga a equilibrar los intereses de los inversores y de la sociedad, con el fin de defender el desarrollo y el mantenimiento responsables de la IA avanzada para el beneficio a largo plazo de la humanidad.
La ola de salidas a bolsa vinculada al entusiasmo por la IA ha reabierto un debate entre los inversores institucionales sobre si respaldar empresas con acciones de doble clase. El fondo soberano de Noruega, Norges Bank Investment Management, que gestiona más de 2,3 billones de dólares en más de 7.000 empresas cotizadas, ha advertido de que los derechos de voto desiguales pueden atrincherar a la dirección y exponer a los accionistas minoritarios a un mayor riesgo de decisiones que reduzcan el valor de la empresa, y se ha opuesto al uso de acciones con múltiples votos en las salidas a bolsa. Pese a esas críticas, el fondo participó en la OPI de SpaceX y controla el 0,05% de la empresa. La OCDE también se ha pronunciado, señalando que la adopción de tales estructuras puede limitar la influencia tanto de los inversores institucionales como de los pequeños accionistas.
Institutional Shareholder Services, el principal asesor de proxy, considera que las estructuras de voto con doble clase son un problema de gobierno corporativo y recomienda a los accionistas votar en contra de ellas, aunque este año introdujo una excepción para las empresas que utilizan ese tipo de acciones durante un período limitado. El Investor Stewardship Group también ha rechazado el modelo, mientras que el Council of Institutional Investors va más allá y limita el uso de estas estructuras a siete años.
La polémica no es nueva. Entre 2017 y 2023, el S&P 500 prohibió la inclusión de nuevas empresas con estructuras de doble clase, y entre 1926 y 1984, la Bolsa de Nueva York prohibió las acciones con derechos de voto diferenciados —un logro de William Ripley, profesor de Economía Política de Harvard y firme defensor de una acción, un voto, que describió esas estructuras como una infamia suprema.
Joe Amato, responsable de inversiones en renta variable de la gestora de activos Neuberger, escribió en un informe vinculado a la salida a bolsa de SpaceX que la innovación requiere paciencia y que los mercados a menudo recompensan la certeza a corto plazo por encima de la creación de valor a largo plazo. No obstante, recordó que las estructuras dependientes de los fundadores pueden convertirse en un problema: la cuestión, sostuvo, no es si se quiere ahora un control atrincherado, sino si se seguirá queriendo después de una sucesión, un cambio estratégico o una crisis corporativa.
Ninguna de las dos empresas está abriendo un camino nuevo. Alphabet y Meta tienen estructuras de doble clase que otorgan a sus fundadores diez votos por acción de clase B frente a un voto por acción de clase A cotizada. Berkshire Hathaway también tiene dos clases, aunque en su caso se crearon para que los pequeños inversores pudieran participar con mayor facilidad; las acciones de clase A cotizan a 817.500 dólares y las de clase B a 541, en una época en la que no se podían comprar acciones fraccionadas a través de ningún bróker. Ford, numerosas empresas cotizadas suecas y, en España, Puig también utilizan este tipo de estructuras, en estos casos vinculadas al peso de las familias fundadoras. Mercados como el Reino Unido y España han aprobado su uso en los últimos años para fomentar las salidas a bolsa.
También hay ejemplos aleccionadores. WeWork se vio obligada a suspender su salida a bolsa después de presentar una estructura que otorgaba a su fundador 20 votos por acción. La valoración de 40.000 millones de dólares que la empresa alcanzó en 2019 se evaporó en cuestión de horas, y el entusiasmo del mercado por los espacios de coworking se desvaneció con ella.
Fuentes: El País Economía.