La dificultad de proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático está relacionada, en parte, con aquello que los indicadores económicos dejan fuera. El Producto Interior Bruto mide la producción, pero no la riqueza en sentido amplio ni el bienestar general. Tampoco resta de la riqueza nacional formas fundamentales de degradación del capital natural, ni tiene en cuenta muchos de los beneficios que la naturaleza proporciona gratuitamente.

Según la economista ambiental Katheline Schubert, esto no constituye un defecto del PIB en sí mismo, ya que el indicador fue diseñado para otro propósito. El problema surge cuando el PIB se utiliza como única medida del desempeño económico. Los valores que los mercados no reflejan pueden entonces tener poca influencia en las decisiones públicas.

Los economistas han desarrollado métodos para hacer más visibles algunos de estos valores. En el caso de la política climática, un enfoque parte de objetivos colectivos de reducción de emisiones y estima el coste de las transformaciones necesarias para alcanzarlos. Esta es la base del “valor de la acción climática”, analizado en un informe de 2025 elaborado por una comisión presidida por Alain Quinet.

El valor se estimó en 256 euros por tonelada de dióxido de carbono equivalente en 2025. Representa el valor que la sociedad debe asignar a evitar una tonelada de emisiones para cumplir los objetivos climáticos al menor coste posible. Esta medida puede utilizarse para comparar inversiones en transporte, edificios e industria, teniendo en cuenta tanto sus costes financieros como sus beneficios de descarbonización, y ayuda a orientar la acción pública hacia las soluciones más eficaces.

La misma cuestión se plantea en la contabilidad nacional. En un trabajo experimental publicado en 2024, el Insee de Francia propuso ajustar el producto interior neto —el PIB menos la depreciación de los equipos— para reflejar la degradación del capital climático y el agotamiento del presupuesto de carbono. Este último se refiere a la cantidad máxima de dióxido de carbono que puede emitirse manteniendo el objetivo de limitar el calentamiento a un nivel acordado.

El Insee estimó este ajuste en el 4,1 % del producto interior neto en 2023. Combina una estimación de los daños relacionados con el clima con el valor implícito de la limitación impuesta a las emisiones futuras. Estos cálculos ilustran cómo las cuentas nacionales podrían mostrar mejor las consecuencias a largo plazo de la producción actual: los daños ambientales y el agotamiento del presupuesto de carbono reducen las posibilidades de producción y consumo de las generaciones futuras.

Fuentes: Le Monde Économie.